Algunas personas en cuanto al pago de hipotecas, sufren de un gran inconveniente financiero impuesto por algunas entidades crediticias a los clientes que no han podido tener una constancia en su cancelación de la amortización: hablamos de la incómoda situación del aumento de la tasa de morosidad por no poder pagar los créditos.

Una medida arbitraria para algunos, dirán los asesores comerciales en procura de aliviar la situación a los clientes, que responde efectivamente a las alzas en los créditos a los que entra normalmente el pago de una hipoteca después de tres meses de "tener adquirido" el correspondiente servicio. Lo que cabría preguntarse es, efectivamente: si el Euribor ha experimentado una baja considerable como no lo había mucho en los últimos años, ¿por qué se produce un alza de este tipo?

Lógicamente, aquí entra a participar el tipo de trato en la deuda que se ha adquirido con la entidad correspondiente, las políticas naturales de la organización en cuestión y, en contraparte, la situación del Euribor. Se podría llegar a un acuerdo especial en el que el deudor pueda adquirir un acuerdo de liquidación el cual le permita "congelar" por un determinado período de tiempo su obligación morosa; pero en últimas esto parecería una salida tipo "placebo", porque el aumento de la morosidad seguiría siendo inalterable por la experiencia negativa que el mencionado cliente tiene con la organización comercial con la cual ha logrado un acuerdo previo. El aumento de estas morosidades, más que un castigo a la inconsistencia en el pago, ha sido definido en últimas como un método de protección para el prestamista.

Esta situación se ve todavía más delicada cuando las tasas morosas se ven afectadas por anteriores créditos: por ejemplo, si se está asumiendo el pago mensual de una deuda actual (digamos, un préstamo por reformas caseras), si se ha tenido una deuda antigua con la misma franquicia, se entra a "sufrir" en este caso un fenómeno conocido como sobretasación. Menos analizado pero igualmente peligroso, esto pone en una tensa situación tanto al beneficiario del préstamo como a la entidad, y en este caso entrarían a regir medidas gubernamentales.

La única salida en ese caso en particular, es poner como garantía un patrimonio, y así de este modo reducir la tasa de morosidad para una mayor oportunidad de pago sostenido. Otra opción, aunque mucho menos recomendable, es contratar los servicios de un abogado financiero.